Me paseaba yo por mi biblioteca tratando de toparme con algún autor que me permitiera iniciar el discurso central de este acto, al cual he sido gentilmente invitada como Oradora de Orden, y ya la cosa se estaba tornando difícil: Umberto Eco, Pasquali, Habermas, Mc Luhan, todos ellos bastante representativos en este asunto de la comunicación, me han generado siempre una gran respeto, pero en este momento no fluía el entusiasmo para lo que yo andaba buscando. Entonces me senté en el piso y, en el área de libros ya olvidados por mi hijo de 10 años sobresalía uno que saqué por el puro afán de acomodarlo mejor en la biblioteca. Y bingo! Me salvó esta mañana.
Cuando lo abrí recordé que en algún momento de mi vida de estudiante de comunicación social se me ocurrió cambiarle el texto a una parte de este libro e iniciar una historia tan fantástica como real (depende del ánimo). Su autor, Antoine de Saint Exuperry había desarrollado una parte muy emotiva, donde el protagonista del cuento se frustra porque –de niño- al enseñarle a los adultos un dibujo que él mismo había creado, y preguntarles si no los asustaba, los adultos haciendo gala de su extraordinaria madurez le decían: -¿Por qué habría de asustar un sombrero? Aquel niño frustrado como dibujante aspiraba que alguien, más allá seguramente de la limitada visión de los adultos pudiera comprender que él no había dibujado un sombrero, sino una boa que se había tragado un elefante.
Desde ese momento supuse que esa conversación hubiera podido no acabar ahí. Tenía la intuición de ver en aquel dibujo (que aparentaba ser un sombrero porque el elefante no llagaba a verse) la mejor ilustración de algo que me acompañaría luego por el resto de mi vida como profesional de la comunicación: la noticia, esos trazos cotidianos y apresurados que no dejan nunca al comunicador, independientemente del ámbito en el que se encuentre trabajando.
Cada vez encontraba yo una mejor explicación para convencer al protagonista del cuento de que la boa que se tragaba el elefante era la noticia. El elefante era la sociedad, un monstruo complejo al que sorpresivamente el periodismo con su lógica un día arropa y logra cubrirlo con sus trazos, tanto que a veces no podemos captar la esencia de esa sociedad porque ha sido tan débil, a pesar de su grandeza, que una líneas apresuradas han sido su mejor espejo en los últimos cincuenta años.
La historia le ha soltado una jugarreta al periodismo. Hoy día, a la construcción de la noticia se le exige aún que siga cumpliendo con las clásicas condiciones del periodismo comercial (es la noticia como mercancía, una condición histórica y natural de esta profesión). Pero cada vez más, se le adjudica un peso muy grande de responsabilidad frente a la estabilidad simbólica de las democracias actuales, justamente en un momento en el que el elefante tiene la piel tan callosa que por más que disimulemos, los trazos no pueden hacer otra cosa que reflejarlos.
Decía un teórico llamado Rodrigo Alsina que la concepción de noticia, como tradicionalmente se ha aceptado, es lo opuesto a la noción histórica o científica. Visto así, es curioso que una sociedad recueste la capacidad de autocomprenderse en los cuentos diarios llamados noticias; pero es así. Nos toca, pues, desempeñarnos en un contexto en el que la débil institucionalidad social le ha dado paso a lo massmediático para la construcción del sentido colectivo. Esto nos sitúa en una profesión que no moja pero empapa.
Erróneamente suele reducirse como único problema en la dinámica actual de los medios, a la naturaleza privada de éstos. Obviamente, esta condición privada está cada vez más reñida con la naturaleza de una mercancía social en nombre de la cual muchas veces se pretenden levantar prédicas de libertad de expresión en medio de un juego complejo de intereses empresariales.
Pero la naturaleza privada de los medios es sólo una condición, hasta un tanto fácil de regular si se discuten con sensatez los aportes y desventajas en su relación con el Estado. Más allá de esta condición, que no debe soslayarse nunca en ninguna discusión sobre los medios, debemos detenernos en otros factores, tan complejos como decisivos.
Por un lado, la lectura mediática debería ya empezar a pasar, sin cargos de conciencia, a ser un componente de construcción de crítica social, a partir de individuos formados para la ciudadanía. En este sentido la reinterpretación debería estar dada también a partir de las posibilidades que el Estado ofrezca a los individuos para ser críticos y autónomos, y no presa fácil de las circunstancias mediáticas, sobre todo aquellas derivadas de los poderes establecidos en una sociedad.
Por otro lado, sabiendo que la participación de los medios de comunicación social en el siglo XXI no es la misma que las de sus orígenes, se aspiran cambios en el perfil de los comunicadores sociales, más allá del experto en el mero uso de la herramienta que permite la construcción rápida del discurso. Se exige un profesional integral que comprenda su rol como actor social y derrumbe sabiamente aquella idea rígida de la objetividad periodística. Un profesional que comprenda la comunicación como ese aspecto cultural sobre el cual incide diariamente. Un profesional socialmente responsable que logre acostarse tranquilo todos los días sabiendo que encontró la palabra acertada para generar un aporte en ese elefante calloso llamado sociedad.
Hoy nos reúne la celebración de un premio regional distribuido entre profesionales que estoy segura no descansan para ofrecer su mejor trazo en el ámbito que los ocupa. Argelia Ferrer, comunicadora siempre, responsable ante la idea de una profesión que aporte al desarrollo social y además sentada sobre unas bases muy sólidas éticas y morales; ha visto en la comunicación científica la mejor arma para ello. Muchos la recuerdan como la profe, también fue mi profe, pero más allá de eso le tengo abierto un espacio grande en mi corazón por la amistad que nos une, mi gran amiga. También, Wendy Molero, cuyo argumento principal para merecer el premio fue su efectiva respuesta periodística en condiciones adversas desde el punto de vista humano, como el caso de la reciente tragedia aérea en el Páramo de Los Conejos. Gerardo Uzcátegui, junto a los colegas Javier Monsalve y Gustavo Suárez, se ha empeñado desde hace tiempo en sostener una iniciativa realmente respetable en la producción audiovisual con el programa de agroturismo ‘Tierra Fértil’. E Igor Puentes, también ha recogido este año su buena cosecha de reconocimientos, esta vez por demostrar su capacidad y solidez profesional para el periodismo institucional, con iniciativas como la revista Universidad. Felicitaciones a ellos.
Siempre es gratificante mirar alrededor y reconocer lo bueno que se hace en esta profesión tan accidentada en los últimos tiempos. Una profesión, que comenzó haciéndole un guiño a la sociedad y hoy ésta le reclama muchísimo más. Una profesión que dibuja sus trazos a la medida de su molde. Sólo nos resta decir que una sociedad solvente en su capacidad creadora y crítica, tendrá un periodismo que dibuje los trazos a esa medida. Todos somos el elefante.
Ysabel Briceño
Mérida, 15 de agosto de 2008
domingo, 17 de agosto de 2008
Directiva CNP Mérida
Directiva CNP Mérida
Secretario General: Alfredo Aguilar
Suplente: Jogly Valero
Secretario de Organización: César Cañas
Suplente:
Secretaría de Finanzas: Mayda Avendaño
Suplente: Eliana Balestrini
Secretario de Relaciones: Jorge Augusto Rodríguez
Suplente: Ivonne Sivoli
Secretario de Asuntos Profesionales: Euro Lobo
Suplente: Yohana Pérez
Secretaria de Mejoramiento Profesional: Milagros Torres
Suplente: Francisco Valles
Secretario de Comunicaciones: Omar Peña
Suplente: Albano Alaña
Secretario de Publicaciones: Milagros Avendaño
Suplente: Oswaldo Acosta Sanabria
Secretario de Cultura y Deportes: José Antonio García
Suplente: Williams Belandria
Miembros del Tribunal Disciplinario:
Leonardo Sánchez
Nora Sánchez
José (Cheo) Rivas
Miguel Gil
Gustavo Suárez
Magaly Medina
Beatriz Suárez
Ángel Sánchez
Juan Pazos
Delegados a la Convención Nacional:
Nereida Pacheco
Secretario General: Alfredo Aguilar
Suplente: Jogly Valero
Secretario de Organización: César Cañas
Suplente:
Secretaría de Finanzas: Mayda Avendaño
Suplente: Eliana Balestrini
Secretario de Relaciones: Jorge Augusto Rodríguez
Suplente: Ivonne Sivoli
Secretario de Asuntos Profesionales: Euro Lobo
Suplente: Yohana Pérez
Secretaria de Mejoramiento Profesional: Milagros Torres
Suplente: Francisco Valles
Secretario de Comunicaciones: Omar Peña
Suplente: Albano Alaña
Secretario de Publicaciones: Milagros Avendaño
Suplente: Oswaldo Acosta Sanabria
Secretario de Cultura y Deportes: José Antonio García
Suplente: Williams Belandria
Miembros del Tribunal Disciplinario:
Leonardo Sánchez
Nora Sánchez
José (Cheo) Rivas
Miguel Gil
Gustavo Suárez
Magaly Medina
Beatriz Suárez
Ángel Sánchez
Juan Pazos
Delegados a la Convención Nacional:
Nereida Pacheco
Miembros Junta Directiva Nacional CNP
Presidente. WILLIAM CHEVERRIA
Vicepresidente. ALONSO MOLEIRO
Secretaria General. SILVIA ALEGRETT
Secretaría de Organización. LUIS E. ZAMBRANO
Adjunto. LETTY VÁSQUEZ
Secretaría de Finanzas. SALVATORE LOMONACO
Adjunto. DIANA CAROLINA RUIZ
Secretaria de Relaciones. ALFREDO MEZA
Adjunto. ELSY MANZANARES
Secretaría de Asuntos Profesionales. MARIA ELENA CABRERA
Adjunto. UBALDO ARRIETA
Secretaría de Mejoramiento Profesional Cultura y Deporte: IVONNE ANDARA BERRIOS
Adjunto. DOMINGO VÁSQUEZ
Secretaría de Comunicaciones. IMPERIO RODRIGUEZ
Adjunto. LUISA ALEJANDRA GARCÍA
Secretaría de Publicaciones: JOSE COHEN
Adjunto. CARLOS ROA
Secretaría de Documentación. AIXA SANCHEZ
Adjunto. LUISA ÁÑEZ DE GONZÁLEZ
Vicepresidente. ALONSO MOLEIRO
Secretaria General. SILVIA ALEGRETT
Secretaría de Organización. LUIS E. ZAMBRANO
Adjunto. LETTY VÁSQUEZ
Secretaría de Finanzas. SALVATORE LOMONACO
Adjunto. DIANA CAROLINA RUIZ
Secretaria de Relaciones. ALFREDO MEZA
Adjunto. ELSY MANZANARES
Secretaría de Asuntos Profesionales. MARIA ELENA CABRERA
Adjunto. UBALDO ARRIETA
Secretaría de Mejoramiento Profesional Cultura y Deporte: IVONNE ANDARA BERRIOS
Adjunto. DOMINGO VÁSQUEZ
Secretaría de Comunicaciones. IMPERIO RODRIGUEZ
Adjunto. LUISA ALEJANDRA GARCÍA
Secretaría de Publicaciones: JOSE COHEN
Adjunto. CARLOS ROA
Secretaría de Documentación. AIXA SANCHEZ
Adjunto. LUISA ÁÑEZ DE GONZÁLEZ
Manifiesto de Convención Nacional al país
CNP/ Convención Nacional
Manifiesto de los Comunicadores Sociales al país
Venezuela vive hoy una compleja situación de crisis en lo político, jurídico, social y económico que socava las bases de nuestra democracia. El tejido social del país está fracturado: un gobierno con legitimidad en las urnas está usando el mandato popular conferido en las elecciones de diciembre de 2006 para vulnerar derechos ciudadanos que posibiliten el acuerdo en torno a la letra de la constitución. En Venezuela una porción del país le quiere imponer a la otra su proyecto político haciendo un uso elástico de la legalidad. A punta de decretos y concentrando progresivamente poder, se viene conformando un cerco legal que vulnera lo fundamental de derechos democráticos de los ciudadanos.
El comunicador social, como actor de esa realidad, se ve afectado en el desempeño de sus funciones. Hoy en día no cuenta con el ambiente idóneo, ni la seguridad física ni jurídica que le permita ejercer cabalmente su profesión. De acuerdo con lo que establece la Ley de ejercicio del periodista en su Artículo 34, un comunicador en democracia debe : "Ajustar su actuación a los principios de la ética profesional y a la defensa de los derechos humanos, de la paz entre los pueblos, de la libertad de expresión al servicio de la verdad y la pluralidad de las informaciones".
Hoy más que nunca la sociedad venezolana demanda un periodismo combativo, íntegro, apegado a la verdad, sin concesiones. Comprometido con la defensa de la democracia y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Los comunicadores sociales venezolanos hacemos tomamos la palabra para denunciar que
Por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de no excluir a ningún ciudadano. Por lo tanto, las instituciones públicas no pueden estar al servicio de parcialidades políticas, como ocurre actualmente con el uso, continuo y permanente, de los recursos y medios oficiales con fines proselitistas. Denunciamos que estas acciones constituyen una política de gobierno, clara y definida, dirigida a privilegiar a sus seguidores y a excluir a todo aquel que se manifieste en contra. Esto constituye una acción discriminatoria y una forma de censura oficial que atentan contra la plena libertad de expresión y de información de la sociedad venezolana.
Las leyes tienen como fin último la aplicación de justicia. En el caso venezolano, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión; y, el Código Penal vigente son utilizados por el gobierno con fines políticos. A través de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones el Gobierno abusa de la transmisión de cadenas nacionales por radio y televisión, práctica ésta que violenta el equilibrio informativo e impone la censura sistemática. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión es aplicada en forma discriminatoria, punitiva y selectiva contra medios privados pero de manera benevolente con aquellos medios bajo el control gubernamental. Rechazamos en forma contundente esta práctica. Igualmente exigimos la revisión de los Artículos 223 y 226 del Código Penal actual que califican como delito al vilipendio, tal y como fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia 1942, decisión esta que contraria las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA.
Rechazamos igualmente el conjunto de leyes aprobadas por vía habilitante porque desconoce la Constitución y el Estado de Derecho porque fueron aprobadas a espaldas del país, sin consultarlo, y porque incluyen normas que ya habían sido rechazadas por el colectivo venezolano en el referéndum del 2 de diciembre del 2007. Esta decisión del Gobierno vulnera la voluntad del soberano.
En las difíciles circunstancias que vive la nación exigimos que
El respeto, como principio básico de la democracia, sea el fundamento de la relación entre periodistas y autoridades. En consecuencia, rechazamos toda campaña de maltratos y difamación con la cual se pretende amedrentarnos e invalidar el ejercicio legítimo de nuestro trabajo y su función social que garantizan al ciudadano su derecho a estar informado. Por ello exigimos a los funcionarios agentes del Estado y a los directivos de medios privados el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley de Ejercicio del Periodista, en cuanto a respetar el derecho de los venezolanos de estar informados y a expresarse libremente.
Exigimos el fin del silencio informativo, venga de donde venga y rechazamos el hermetismo y ocultamiento deliberado de la información pública. Se impone terminar con el régimen del apartheid en el que se privilegia a los periodistas de medios oficiales y oficialistas en la cobertura de eventos de carácter gubernamental y se excluye a aquellos que trabajan para otros medios.
Instamos igualmente al sector privado a establecer políticas de transparencia informativa y de coherencia en sus postulados organizacionales. Los periodistas no tienen porque verse afectados por las decisiones editoriales de turno y los intereses del medio que afecten su independencia profesional.
Hacemos un claro y contundente llamado a poner fin a la violencia en todas sus expresiones, casi siempre auspiciada de forma evidente desde las más altas esferas del poder. El marco descrito afecta terriblemente al país en el aspecto político, social jurídico y que se refleja en la inseguridad ciudadana.
Exigimos el respeto al derecho a la vida y rendimos un homenaje a todos aquellos periodistas caídos durante el ejercicio de la profesión, víctimas de la violencia generalizada e inseguridad social que vive el país.
Manifiesto de los Comunicadores Sociales al país
Venezuela vive hoy una compleja situación de crisis en lo político, jurídico, social y económico que socava las bases de nuestra democracia. El tejido social del país está fracturado: un gobierno con legitimidad en las urnas está usando el mandato popular conferido en las elecciones de diciembre de 2006 para vulnerar derechos ciudadanos que posibiliten el acuerdo en torno a la letra de la constitución. En Venezuela una porción del país le quiere imponer a la otra su proyecto político haciendo un uso elástico de la legalidad. A punta de decretos y concentrando progresivamente poder, se viene conformando un cerco legal que vulnera lo fundamental de derechos democráticos de los ciudadanos.
El comunicador social, como actor de esa realidad, se ve afectado en el desempeño de sus funciones. Hoy en día no cuenta con el ambiente idóneo, ni la seguridad física ni jurídica que le permita ejercer cabalmente su profesión. De acuerdo con lo que establece la Ley de ejercicio del periodista en su Artículo 34, un comunicador en democracia debe : "Ajustar su actuación a los principios de la ética profesional y a la defensa de los derechos humanos, de la paz entre los pueblos, de la libertad de expresión al servicio de la verdad y la pluralidad de las informaciones".
Hoy más que nunca la sociedad venezolana demanda un periodismo combativo, íntegro, apegado a la verdad, sin concesiones. Comprometido con la defensa de la democracia y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Los comunicadores sociales venezolanos hacemos tomamos la palabra para denunciar que
Por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de no excluir a ningún ciudadano. Por lo tanto, las instituciones públicas no pueden estar al servicio de parcialidades políticas, como ocurre actualmente con el uso, continuo y permanente, de los recursos y medios oficiales con fines proselitistas. Denunciamos que estas acciones constituyen una política de gobierno, clara y definida, dirigida a privilegiar a sus seguidores y a excluir a todo aquel que se manifieste en contra. Esto constituye una acción discriminatoria y una forma de censura oficial que atentan contra la plena libertad de expresión y de información de la sociedad venezolana.
Las leyes tienen como fin último la aplicación de justicia. En el caso venezolano, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión; y, el Código Penal vigente son utilizados por el gobierno con fines políticos. A través de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones el Gobierno abusa de la transmisión de cadenas nacionales por radio y televisión, práctica ésta que violenta el equilibrio informativo e impone la censura sistemática. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión es aplicada en forma discriminatoria, punitiva y selectiva contra medios privados pero de manera benevolente con aquellos medios bajo el control gubernamental. Rechazamos en forma contundente esta práctica. Igualmente exigimos la revisión de los Artículos 223 y 226 del Código Penal actual que califican como delito al vilipendio, tal y como fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia 1942, decisión esta que contraria las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA.
Rechazamos igualmente el conjunto de leyes aprobadas por vía habilitante porque desconoce la Constitución y el Estado de Derecho porque fueron aprobadas a espaldas del país, sin consultarlo, y porque incluyen normas que ya habían sido rechazadas por el colectivo venezolano en el referéndum del 2 de diciembre del 2007. Esta decisión del Gobierno vulnera la voluntad del soberano.
En las difíciles circunstancias que vive la nación exigimos que
El respeto, como principio básico de la democracia, sea el fundamento de la relación entre periodistas y autoridades. En consecuencia, rechazamos toda campaña de maltratos y difamación con la cual se pretende amedrentarnos e invalidar el ejercicio legítimo de nuestro trabajo y su función social que garantizan al ciudadano su derecho a estar informado. Por ello exigimos a los funcionarios agentes del Estado y a los directivos de medios privados el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley de Ejercicio del Periodista, en cuanto a respetar el derecho de los venezolanos de estar informados y a expresarse libremente.
Exigimos el fin del silencio informativo, venga de donde venga y rechazamos el hermetismo y ocultamiento deliberado de la información pública. Se impone terminar con el régimen del apartheid en el que se privilegia a los periodistas de medios oficiales y oficialistas en la cobertura de eventos de carácter gubernamental y se excluye a aquellos que trabajan para otros medios.
Instamos igualmente al sector privado a establecer políticas de transparencia informativa y de coherencia en sus postulados organizacionales. Los periodistas no tienen porque verse afectados por las decisiones editoriales de turno y los intereses del medio que afecten su independencia profesional.
Hacemos un claro y contundente llamado a poner fin a la violencia en todas sus expresiones, casi siempre auspiciada de forma evidente desde las más altas esferas del poder. El marco descrito afecta terriblemente al país en el aspecto político, social jurídico y que se refleja en la inseguridad ciudadana.
Exigimos el respeto al derecho a la vida y rendimos un homenaje a todos aquellos periodistas caídos durante el ejercicio de la profesión, víctimas de la violencia generalizada e inseguridad social que vive el país.
XIII Convención Nacional de Periodistas: emergencia por seguridad social y modernización del CNP
La máxima instancia nacional del gremio periodístico aprobó delegar en la Nueva Directiva nacional la convocatoria de 3 secretariados, en Lara, Aragua y Zulia, para abordar los temas: Reestructuración del Instituto de Previsión Social del Periodista; en el segundo, lo relativo al mejoramiento profesional y en el tercero la materia de salario, tabulador y ejercicio ilegal de la profesión.
Con la participación de más de 100 delegados de todo el país terminó la XIII Convención Nacional de Periodistas que aprobó declararse en emergencia para la reinvención del Colegio Nacional de Periodistas. El encuentro que significa la máxima instancia gremial de los periodistas venezolanos, incluyó en su agenda la Juramentación de la nueva Directiva Nacional, electa el pasado 19 de junio.
Al pronunciar las palabras de clausura, el nuevo Presidente del Colegio William Echeverría, solicitó a la asamblea una declaración firme que se convierta en un mandato para la nueva gestión que se inicia.
La Convención aprobó delegar en la nueva Junta Directiva del CNP la realización de tres secretariados en los que destacan la declaratoria de emergencia en materia de seguridad social y la modernización de la estructura del CNP.
En el primer secretariado tratarán lo referente al Instituto de Previsión Social del Periodista y formulación de las políticas de seguridad social. Se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre con sede en la Seccional de Lara.
Lo relativo al mejoramiento profesional, se abordará el 25 de octubre en la Seccional Aragua y, finalmente la materia correspondiente a salario, tabulador y ejercicio ilegal de la profesión será el 6 de diciembre en Zulia.
En otro punto se aprobó "exhortar a los todos los periodistas a conocer y estudiar la Ley del Ejercicio del Periodismo como instrumento de defensa del ejercicio profesional y rechazar cualquier intento por menoscabar su vigencia, legitimidad y los derechos allí plasmados".
La XIII Convención aprobó la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos que tendrá su representación en cada una de las Seccionales.
Igualmente, el CNP se comprometió a impulsar la formulación, aprobación y ejecútese de la Ley de Acceso a la Información.
Se propuso y aprobó reformar el artículo 6 del reglamento de la Convención Nacional que dice: "La junta directiva de acuerdo con el temario, podrá designar las comisiones que estime conveniente a los efectos de hacer más efectivo el trabajo. Cada una de estas comisiones estará dirigida por un presidente designado por la asamblea; un vicepresidente; un relator y un secretario quienes serán electos en el seno de la comisión". El espíritu de la reforma busca que cada uno de los cargos de las comisiones (presidente, vicepresidente, relator y secretario) sean electos en el seno de cada una de ellas.
Finalmente, ante el planteamiento de la Secretaria Nacional de Deportes para hacer un Congresillo Técnico Deportivo, el día 20 de septiembre, la seccional de Mérida se propuso y se aceptó como sede.
Se juramentó la
DIRECTIVA NACIONAL
Manifiesto de la Convención Nacional al país
Con la participación de más de 100 delegados de todo el país terminó la XIII Convención Nacional de Periodistas que aprobó declararse en emergencia para la reinvención del Colegio Nacional de Periodistas. El encuentro que significa la máxima instancia gremial de los periodistas venezolanos, incluyó en su agenda la Juramentación de la nueva Directiva Nacional, electa el pasado 19 de junio.
Al pronunciar las palabras de clausura, el nuevo Presidente del Colegio William Echeverría, solicitó a la asamblea una declaración firme que se convierta en un mandato para la nueva gestión que se inicia.
La Convención aprobó delegar en la nueva Junta Directiva del CNP la realización de tres secretariados en los que destacan la declaratoria de emergencia en materia de seguridad social y la modernización de la estructura del CNP.
En el primer secretariado tratarán lo referente al Instituto de Previsión Social del Periodista y formulación de las políticas de seguridad social. Se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre con sede en la Seccional de Lara.
Lo relativo al mejoramiento profesional, se abordará el 25 de octubre en la Seccional Aragua y, finalmente la materia correspondiente a salario, tabulador y ejercicio ilegal de la profesión será el 6 de diciembre en Zulia.
En otro punto se aprobó "exhortar a los todos los periodistas a conocer y estudiar la Ley del Ejercicio del Periodismo como instrumento de defensa del ejercicio profesional y rechazar cualquier intento por menoscabar su vigencia, legitimidad y los derechos allí plasmados".
La XIII Convención aprobó la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos que tendrá su representación en cada una de las Seccionales.
Igualmente, el CNP se comprometió a impulsar la formulación, aprobación y ejecútese de la Ley de Acceso a la Información.
Se propuso y aprobó reformar el artículo 6 del reglamento de la Convención Nacional que dice: "La junta directiva de acuerdo con el temario, podrá designar las comisiones que estime conveniente a los efectos de hacer más efectivo el trabajo. Cada una de estas comisiones estará dirigida por un presidente designado por la asamblea; un vicepresidente; un relator y un secretario quienes serán electos en el seno de la comisión". El espíritu de la reforma busca que cada uno de los cargos de las comisiones (presidente, vicepresidente, relator y secretario) sean electos en el seno de cada una de ellas.
Finalmente, ante el planteamiento de la Secretaria Nacional de Deportes para hacer un Congresillo Técnico Deportivo, el día 20 de septiembre, la seccional de Mérida se propuso y se aceptó como sede.
Se juramentó la
DIRECTIVA NACIONAL
Manifiesto de la Convención Nacional al país
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